Alfonso Ortega Giménez.: “En caso de duda… no se aplica el derecho extranjero (a propósito de la SAP Murcia de 28 de febrero de 2023)”, Diario LA LEY, núm. 10356, Sección Comentarios de jurisprudencia, 26 de septiembre de 2023, LA LEY.

• Resumen: El derecho aplicable extranjero en relación con el régimen económico matrimonial se refiere, a la determinación de qué ley se aplica en casos en los que las partes tienen conexiones con un país extranjero y existe la posibilidad de aplicar un derecho extranjero al régimen económico matrimonial. En este tipo de situaciones, se debe analizar cuidadosamente si existe alguna conexión relevante con un país extranjero, como la nacionalidad de las partes o su residencia habitual durante un período significativo del matrimonio. Si se determina que existe una conexión suficiente, se deben examinar las normas y los principios legales del derecho extranjero para evaluar su aplicabilidad al régimen económico matrimonial. Así mismo, tal determinación implica la obtención de informes periciales y asesoramiento legal especializado en relación con el derecho extranjero en cuestión. Estos informes y asesoramientos ayudarán a comprender las normas y los principios del derecho extranjero y a evaluar cómo se aplicarían al régimen económico matrimonial en disputa.
• Es importante desestimar el recurso y suspender el litigio hasta que se reciba y evalúe toda la información necesaria. Esto garantizará una resolución adecuada y justa, basada en una comprensión clara del derecho aplicable extranjero y en el respeto de los principios de justicia y equidad.
• Por esta razón, en este trabajo trataremos de concretar tanto la forma de alegación y prueba de este derecho, el objeto, los medios de prueba aplicables, la práctica del misma, así como las consecuencias que puedan derivar de la no alegación o prueba del Derecho extranjero, tomando como marco jurisprudencial, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia, Sección Quinta, de 28 de febrero de 2023. El objetivo final es garantizar una resolución justa y fundamentada en el marco legal correspondiente, protegiendo los derechos e intereses de todas las partes involucradas en el régimen económico matrimonial en disputa. 

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