María Jesús Elvira Benayas.: "Digitalización de la cooperación judicial internacional en materia civil o mercantil en la Unión Europea", Diario La Ley Unión Europea, núm. 101, de día 31 de marzo de 2022.

• Resumen: En diciembre de 2021 se ha presentado la propuesta de Reglamento relativo a la digitalización de la cooperación judicial y el acceso a la justicia internacional en materia civil, mercantil y penal y modificación de ciertos actos en el ámbito de la cooperación judicial. Es el resultado de un proceso previo y global, acelerado por la crisis del Covid-19, en el que se han ido introduciendo el uso de las nuevas tecnologías en el desarrollo del proceso y en materia de cooperación judicial. Otras actuaciones sobre aspectos técnicos tendrán una incidencia importante en su eficacia. 

Otros comentarios publicados en la misma revista y el mismo día:

• Pedro Alberto de Miguel Asensio.: “Condicionantes de la aplicación de la Circular de la CNMV sobre publicidad de criptoactivos a las actividades transfronterizas”. Resumen: Esta contribución analiza el ámbito de aplicación territorial de la nueva normativa relativa a la publicidad sobre criptoactivos presentados como objeto de inversión, valorando la aplicación en esta materia del criterio de las actividades dirigidas. Se examinan también las implicaciones que resultan del criterio del mercado interior respecto de su aplicación a determinados sujetos establecidos en otros Estados miembros de la UE. Asimismo, se valora la adecuación, desde la perspectiva internacional, de las medidas frente a la publicidad ilícita que contempla la legislación española en este sector.
• Raquel Blázquez Martín.: “Investigación disciplinaria abierta contra un abogado en Polonia. El Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados como “órgano jurisdiccional nacional” y las posibilidades de aplicación de la Directiva de servicios y del art. 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea”. Resumen: La sentencia de 13 de enero de 2022 (Sala Tercera, C-55/20, Minister Sprawiedliwości) ocupa un pequeño y modesto espacio en la saga de resoluciones que se inició en 2019 y que están relacionadas directa o indirectamente con la independencia judicial en Polonia. No obstante, contiene aportaciones muy interesantes sobre dos aspectos relevantes del célebre diálogo entre tribunales inherente al mecanismo de remisión prejudicial: el concepto de «órgano jurisdiccional nacional» y los límites de aplicabilidad del art. 47 de la Carta de Derechos Fundamentales. En la sentencia, el TJUE concluye que el Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados de Varsovia es un órgano jurisdiccional en el sentido del art. 267 TFUE y que la Directiva de servicios se aplica a los procedimientos disciplinarios que pueden conllevar la expulsión de un abogado de su colegio profesional, aunque no concurra en ellos ningún elemento trasfronterizo. Pero, en el caso concreto, constata que el litigio en el que se plantea la cuestión —en el que aún no tiene intervención el abogado afectado— no podría dar lugar a la imposición de una sanción disciplinaria, por lo que, en ese contexto, no es aplicable ni el art. 10.6º la Directiva de servicios ni el art. 47 de la Carta. Más allá de su contenido concreto, el estudio de esta sentencia es una buena ocasión para actualizar la información sobre los criterios Dorsch/Vaassen-Göbels, que delimitan la noción de órgano judicial, en el sentido del art. 267 TFUE, y también para reflexionar acerca de la aplicación del Derecho de la Unión y del contenido y límites del derecho a la tutela judicial efectiva.
• Javier Maseda Rodríguez.: “Competencia judicial internacional en materia de crisis matrimoniales: cónyuge que comparte su vida en más de un Estado miembro y concepto de residencia habitual”. Resumen: Este trabajo tiene por objeto analizar brevemente la STJUE de 25 de noviembre de 2021, IB v. FA, respecto de un caso de disolución de un matrimonio entre un cónyuge francés y su esposa irlandesa, con la intención de determinar si el art. 3.1.a del Reglamento 2201/2003, regulador de la competencia judicial internacional en materia de crisis matrimoniales, debe interpretarse en el sentido de que un cónyuge que comparte su vida entre dos Estados miembros puede tener su residencia habitual en esos dos Estados miembros, de modo que los Tribunales de ambos Estados podrían ser competentes para pronunciarse sobre la demanda de disolución del matrimonio.
• José Luis Monereo Pérez/Sara Guindo Morales.: “La conversión en indefinido no fijo del personal interino por vacante en el sector público por fraude y uso abusivo tras la dilación injustificada a la hora de proveer la plaza”, Resumen: El propósito de este trabajo de investigación es analizar la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Séptima) de 3 de junio de 2021 (asunto C-726/19), que resuelve una petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y que tiene por objeto la interpretación de la cláusula 5 del Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999. Lo anterior, en un caso entre el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA) y JN, en relación con la extinción del contrato de trabajo de duración determinada celebrado entre el IMIDRA y ésta, con objeto de proveer una plaza vacante. Modifica doctrina del Tribunal Supremo.
• José Luis Monereo Pérez/Belén del Mar López Insua.: “Discriminación indirecta y reconocimiento de las prestaciones por desempleo a las empleadas del hogar: un punto de partida para la consecución de una plena igualdad”. Resumen: Las trabajadoras al servicio del hogar familiar resultan muy afectadas por la precariedad, el fraude y la economía sumergida que, cada vez más, golpea a las frágiles estructuras del mercado laboral español. En torno a este colectivo, ya se han planteado muchos interrogantes desde la misma noción de trabajo decente y la protección a efectos de Seguridad Social. Ciertamente, el legislador no puede mostrarse impasible e indiferente a la realidad que sufre este colectivo, principalmente representado por mujeres que, en su mayoría, son inmigrantes en situación irregular. Es por ello que, subsista aquí, un triple elemento de desprotección que coloca —a este colectivo— ante una situación de vulnerabilidad «múltiple». Las características propias de este sector dificultan la plena consecución de una igualdad efectiva, en comparación a otros sectores en idénticas o similares condiciones. Es por ello que la normativa española excluya constitutivamente atendiendo al mandato ex art. 41 de la Constitución Española, a las empleadas de hogar, del derecho a la prestación por desempleo. Tras años de pugna y discusión, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reconocido, en su sentencia de 24 de febrero del TJUE (asunto C-389/20), la existencia de una discriminación indirecta por razón de género en el acceso a las prestaciones de Seguridad Social. Declarando así que la normativa española resulta contraria al Derecho de la Unión Europea.
• Anna María Ruiz Martín.: “Ley aplicable a los plazos para la reclamación de créditos en procedimientos secundarios de insolvencia transfronterizos”. Resumen: El asunto Alpine Bau (C-25/20) se resolvió en noviembre de 2021 por el Tribunal de Justicia, y está centrado en un problema concreto de ley aplicable del Derecho internacional privado europeo de insolvencia. En particular, sobre la interpretación del art. 32 ap. 2º del Reglamento 1346/2000. Este problema se suscita porque el artículo citado no establece los plazos imperativos en procedimientos secundarios, para la interposición de reclamaciones de créditos que fueron presentados en el procedimiento principal.
• Alberto J. Tapia Hermida.: “La “codificación” de la normativa de protección del consumidor en la Unión Europea”. Resumen: Este estudio analiza dos documentos con forma de Comunicaciones de la Comisión Europea cuyo contenido permite referirse a la «codificación» europea de la normativa de protección del consumidor. Se trata, en primer lugar, de las Directrices de sobre la interpretación y la aplicación de la Directiva 2011/83/UE sobre los derechos de los consumidores (DDC) y, en segundo lugar, de la Guía sobre la interpretación y la aplicación de la Directiva 2005/29/CE relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores (CPCD).

Fuente: Diario La Ley Unión Europea,  núm. 101, día 31 de marzo de 2022 (Índice completo).

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