Revista del Defensor del Pueblo de España, núm. 70, mayo 2011.

La policía no podrá requisar móviles de particulares sin orden judicial.
La oficina del Defensor del Pueblo, que dirige María Luisa Cava de Llano, ha enviado una recomendación a la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, que ha sido aceptada, para que respete escrupulosamente la necesidad de contar con la previa y preceptiva autorización judicial antes de realizar intervenciones en las comunicaciones telefónicas y de datos. Además, en su recomendación, la Institución recuerda que dichas intervenciones deben realizarse sólo cuando existan indicios sufi cientes de la posible comisión de un hecho delictivo.
La Defensora ha realizado esta recomendación a la citada administración tras recibir la queja de un ciudadano que denunciaba que unos agentes de la Policía Nacional le habían requisado su teléfono en la vía pública. Según el relato del interesado, cuando se encontraba en una plaza pública asistiendo a un acto ofi cial, tomó con su teléfono móvil unas fotografías de las autoridades que allí se encontraban.
Entonces, unos agentes de la Policía Nacional le requirieron el móvil para que les enseñara el contenido de las fotos. Ante su negativa a hacerlo, le fue incautado el teléfono y luego devuelto. Según el relato del interesado, la Policía Nacional pudo acceder, aunque no consta que lo hiciera, no sólo a las fotografías del acto en cuestión, sino también a otros contenidos personales: fotos, registro de llamadas y mensajes de texto, datos que pertenecen a la esfera íntima y personal, por lo que el afectado consideraba que se había vulnerado su derecho al secreto de las comunicaciones y el derecho a la intimidad consagrados por la Constitución española.


Cava de Llano se reúne con el presidente de la Asociación de Médicos Forenses.
El presidente de la Asociación Nacional de Médicos Forenses, Francisco José Pera Bajo, ha acudido a la oficina del Defensor del Pueblo para entregar a la Defensora del Pueblo (e.f), María Luisa Cava de Llano el último número de la Revista Española de Medicina Legal. En él se recogen una serie de recomendaciones sobre métodos de estimación forense de la edad de los menores extranjeros no acompañados. Estas recomendaciones, plasmadas en un documento de consenso de buenas prácticas entre los Institutos de Medicina Legal de España, tienen su origen en una jornada de trabajo organizada en octubre de 2010 por la Defensora del Pueblo para evaluar el estado actual de las vías de determinación de la edad en menores extranjeros no acompañados.
La situación de los menores extranjeros no acompañados y en concreto, los métodos empleados para la determinación de su edad preocupan especialmente a la Institución que, en la actualidad, está ultimando un informe monográfico sobre esta materia.

Más información:

• Defensor del Pueblo. Revista de Prensa.