STJUE (Sala Primera) de 15 de octubre de 2015. Asunto C-216/14. Gavril Covaci (Covaci). Procedimiento prejudicial. Cooperación judicial en materia penal. Directiva 2010/64/UE. Derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales. Lengua de procedimiento. Orden penal por la que se impone una multa. Posibilidad de formular oposición en una lengua distinta de la lengua de procedimiento. Directiva 2012/13/UE. Derecho a información en los procesos penales. Derecho a ser informado de la acusación. Notificación de una orden penal. Modalidades. Designación obligatoria de un representante legal por el acusado. Procesos penales: lengua de procedimiento, y derecho a interpretación y a traducción. Comienzo del cómputo del plazo para formular oposición a partir de la notificación al representante legal.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:

• "1) Los artículos 1 a 3 de la Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que, en un procedimiento penal, no permite a la persona contra quien se haya dictado una orden penal formular oposición contra ésta por escrito en una lengua distinta de la lengua de procedimiento, aun cuando dicha persona no domine esta última lengua, siempre que, con arreglo al artículo 3, apartado 3, de esta Directiva, las autoridades competentes no consideren, a la luz del procedimiento en cuestión y de las circunstancias del asunto, que dicha oposición constituye un documento esencial.
• 2) Los artículos 2, 3, apartado 1, letra c), y 6, apartados 1 y 3, de la Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, que, en un procedimiento penal, impone a la persona acusada que no reside en dicho Estado miembro la obligación de designar un representante legal a efectos de la notificación de una orden penal dictada en su contra, siempre que la referida persona disponga efectivamente de todo el plazo impartido para formular oposición contra dicha orden". 

Procedimiento:

• Recurso. 
• Conclusiones.
• Sentencia (DOUE, 07.12.2015).

Otras decisiones del TJUE dictadas en octubre de 2015:

• STJUE 01.10.2015. Derecho aplicable y autoridad competente por vulneración protección datos personales en otro EM.
• STJUE 01.10.2015. Es posible imponer pena privativa libertad a extranjero expulsado que incumple una prohibición de entrada.
• STJUE 01.10.2015. Establecimientos de prostitución en escaparates. 
• STJUE 06.10.2015. Empleos en la administración pública y restricciones para oposición a letrados Cour cassation belga.
• STJUE 06.10.2015. Se puede excluir derecho sufragio activo n elecciones PE a personas condenadas penalmente antes 1994.
• STJUE 06.10.2015. Grupos de sociedades por adquisición de una participación en el capital de una filial.
• STJUE 06.10.2015. Transferencia de datos personales a EEUU.
• STJUE 06.10.2015.  Litispendencia: iniciación del procedimiento judicial.
• STJUE 06.10.2015. La aprobación de acuerdo reparto sucesorio concluido por un tutor menores es medida ejercicio responsabilidad parental.
• STJUE 15.10.2015. Reglamento de insolvencia y ley aplicable acción devolución pagos efectuados antes procedimiento insolvencia.
• STJUE 15.10.2015. Entidad financiera sometida a un proceso de reestructuración: despido de un trabajador. 
• Conclusiones 06.10.2015. La obligación de residencia en un lugar determinado es contraria a la protección subsidiaria.
• Conclusiones 06.10.2015. No vulnera el derecho de la UE al denegar la ayuda por menor a cargo y el crédito fiscal por menor a cargo a quienes no tienen un derecho de residencia en el Estado miembro de que se trata.