Asunto C-124/16. Petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgerichts München (Alemania) el 29 de febrero de 2016. Proceso penal contra Ianos Tranca. Derecho a la información en procesos penales.

Cuestiones planteadas:

• "1) ¿Se oponen los artículos 2 y 6, apartados 1 y 3, de la Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, a una disposición de un Estado miembro con arreglo a la cual se impone a la persona acusada en un procedimiento penal que no resida en dicho Estado miembro la obligación de designar un representante legal a efectos de la notificación de una orden penal dictada en su contra, aunque a consecuencia de ello la referida persona no disponga de todo el plazo impartido para formular oposición contra dicha orden, pero tampoco disponga de un domicilio donde se le pueda notificar de forma fehaciente la orden penal, y aunque la notificación personal al representante legal a efectos de notificaciones que sí disponga de domicilio le permita mantener informado a dicho representante de adónde se le puede enviar a la referida persona la orden penal de manera fehaciente?
• 2) ¿Se oponen los artículos 2, apartado 1, y 6, apartados 1 y 3, de la Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, a una disposición de un Estado miembro con arreglo a la cual se impone a la persona acusada en un procedimiento penal que no resida en dicho Estado miembro la obligación de designar un representante legal a efectos de la notificación de una orden penal dictada en su contra, y para el cómputo del plazo para formular oposición basta simplemente con la notificación a un representante legal designado a efectos de dicha notificación, si, en caso de expiración del plazo así computado, la persona acusada puede exigir la restitutio in integrum y, para excusar el incumplimiento del plazo, le basta con aducir que ha formulado oposición dentro del plazo, computado desde que se le hizo llegar la orden penal, es decir, si mediante la restitutio puede disfrutar de nuevo de la totalidad del plazo impartido para formular la oposición, aun cuando legalmente, por regla general, se ordene la ejecutoriedad de la orden penal al expirar el plazo impartido para formular dicha oposición?".

Procedimiento:

• Recurso.

Otros asuntos sobre el mismo tema publicados en el mismo DOUE:: 

• Asunto C-188/16. Petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht München I (Alemania) el 4 de abril de 2016. Proceso penal contra Ionel Opria. Derecho a la información en procesos penales. Cuestiones planteadas: "¿Se han de interpretar los artículos 2, 3, apartado 1, letra c), y 6, apartados 1 y 3, de la Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales, en el sentido de que se oponen a la normativa de un Estado miembro en virtud de la cual, en el marco de un proceso penal seguido contra un acusado que carece de domicilio fijo o de residencia en el Estado miembro, una orden penal dictada contra él puede ser notificada a un representante legal a efectos de notificaciones nombrado por el acusado, con la consecuencia de que la orden penal adquiere firmeza al concluir el plazo de oposición (de dos semanas) que comienza a correr con la notificación al representante legal, aunque, en virtud de la normativa del Estado miembro, al acusado que en el plazo de dos semanas desde que tenga conocimiento efectivo de la orden penal formule oposición por escrito contra ésta ante el órgano jurisdiccional competente, se le ha de restituir de oficio en la situación anterior, con la consecuencia de que, tras la adopción de la resolución por la que se concede la restitución, se ha de seguir con el procedimiento como si la oposición se hubiera formulado en plazo?". 
• Asunto C-213/16. Petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht München (Alemania) el 18 de abril de 2016. Proceso penal contra Tanja Reiter. Derecho a la información en procesos penales. Cuestiones planteadas: "1) ¿Se oponen los artículos 2 y 6, apartados 1 y 3, de la Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, a una disposición de un Estado miembro con arreglo a la cual se impone a la persona acusada en una causa penal que no tenga domicilio en dicho Estado miembro la obligación de designar a un representante legal a efectos de la notificación de una orden penal dictada en su contra, aunque a consecuencia de ello la referida persona no disponga de todo el plazo impartido para formular oposición contra dicha orden, pero tampoco disponga de una dirección donde se le pueda notificar de forma fehaciente la orden penal, y aunque la notificación personal al representante legal a efectos de notificaciones que sí disponga de dirección le permita mantener informado a dicho representante de adónde se le puede enviar a la referida persona la orden penal de manera fehaciente?. 2) ¿Se oponen los artículos 2, apartado 1, y 6, apartados 1 y 3, de la Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, a una disposición de un Estado miembro con arreglo a la cual se impone a la persona acusada en una causa penal que no tenga domicilio en dicho Estado miembro la obligación de designar a un representante legal a efectos de la notificación de una orden penal dictada en su contra, y para el cómputo del plazo para formular oposición basta simplemente con la notificación a un representante legal designado a efectos de dicha notificación, si, en caso de expiración del plazo así computado, la persona acusada puede exigir la restitutio in integrum y, para excusar el incumplimiento del plazo, le basta con aducir que ha formulado oposición dentro del plazo, computado desde que se le transmitió la orden penal, es decir, si mediante la restitutio in integrum puede disfrutar de nuevo de la totalidad del plazo impartido para formular la oposición, aun cuando legalmente, por regla general, se ordene la ejecución de la orden penal al expirar el plazo impartido para formular dicha oposición?".

Otros recursos publicados en el mismo DOUE::

• Asunto C-233/16. Petición de decisión prejudicial presentada por el Tribunal Supremo (España) el 25 de abril de 2016. Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)/Generalitat de Catalunya . El impuesto catalán sobre grandes superficies comerciales llega al TJUE. Se considera ¿ayuda de Estado? ¿vulnera el derecho de establecimiento? 
• Asunto C-234/16. Petición de decisión prejudicial presentada por el Tribunal Supremo (España) el 25 de abril de 2016. Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)/Consejería de Hacienda y Sector Público de la Administración del Principado de Asturias. El impuesto Asturias sobre grandes superficies comerciales llega al TJUE Se considera ¿ayuda de Estado? ¿vulnera el derecho de establecimiento?
• Asunto C-201/16. Petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgerichtshof (Austria) el 12 de abril de 2016. Majid auch Madzhdi Shiri. Transferencia de la responsabilidad de decidir en una solicitud de protección internacional.