Petición de decisión prejudicial presentada por el Tribunal Constitucional, Madrid (España) el 28 de julio de 2011. Asunto C-399/11. Procedimiento penal contra Stefano Melloni/Ministerio Fiscal. Orden de detención europea.

Cuestiones prejudiciales: 

• "1) El Art. 4 bis, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584/JAI, en su redacción vigente dada por Decisión Marco 2009/299/JAI, ¿debe interpretarse en el sentido de que impide a las autoridades judiciales nacionales, en los supuestos precisados en esa misma disposición, someter la ejecución de una orden europea de detención y entrega a la condición de que la condena en cuestión pueda ser revisada para garantizar los derechos de defensa del reclamado?
• 2) En caso de que la primera cuestión se responda afirmativamente, ¿es compatible el art. 4 bis, apartado 1, de la Decisión marco 2002/584/JAI, con las exigencias que se derivan del derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso equitativo previsto en el art. 47, así como de los derechos de la defensa garantizados en el art. 48.2 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea?
• 3) En el caso de que la segunda cuestión se responda afirmativamente, ¿permite el art. 53, interpretado sistemáticamente en relación con los derechos reconocidos en los arts. 47 y 48 de la Carta, a un Estado miembro condicionar la entrega de una persona condenada en ausencia a que la condena pueda ser sometida a revisión en el Estado requirente, otorgando así a esos derechos un mayor nivel de protección que el que se deriva del Derecho de la Unión Europea, a fin de evitar una interpretación limitativa o lesiva de un derecho fundamental reconocido por la Constitución de ese Estado miembro?".

Cuestión prejudicial planteada por el TC:

• Auto 86/2011 del Pleno del Tribunal Constitucional, de 9 de junio de 2011, 

Procedimiento:

• Petición.  
• Conclusiones.

Comentario doctrinal:

• Luís Arroyo Jiménez, "Sobre la primera cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Constitucional. Bases, contenido y consecuencias", InDRET, 2011, núm. 4.  
• Las autoridades judiciales que deben ejecutar una orden de detención europea no pueden subordinar la entrega de una persona, juzgada en su ausencia pero que tuvo conocimiento del juicio previsto, a la posibilidad de revisar la sentencia en el Estado miembro emisor de la orden (nota de prensa).