STJUE (Sala Primera) de 25 de mayo de 2016. Asunto C‑559/14. Rūdolfs Meroni y Recoletos Limited, con intervención de: Aivars Lembergs, Olafs Berķis, Igors Skoks, Genādijs Ševcovs (Meroni). Procedimiento prejudicial. Cooperación judicial en materia civil. Reglamento (CE) núm. 44/2001. Reconocimiento y ejecución de medidas provisionales y cautelares. Concepto de “orden público”.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:

• "El artículo 34, punto 1, del Reglamento (CE) núm. 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse, a la luz del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el sentido de que, en unas circunstancias como las examinadas en el litigio principal, no cabe considerar manifiestamente contrarios al orden público del Estado miembro requerido ni al derecho a un proceso equitativo, en el sentido de tales disposiciones el reconocimiento y la ejecución de un auto dictado por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro sin oír a un tercero cuyos derechos son susceptibles de verse afectados por el referido auto, siempre que dicho tercero pueda invocar sus derechos ante ese órgano jurisdiccional".

Procedimiento: 

• Recurso. 
• Sentencia (DOUE, 18.07.2016).

Otras decisiones del TJUE de mayo de 2016:

• Conclusiones 03.05.2016. Territorialidad de la Ley penal. No es posible reducir en un EM la duración de ejecución de una pena privativa por la impuesta por el EM de emisión.
• Conclusiones 03.05.2016. Derecho a ser oído en los procesos de solicitud de protección subsidiaria.
• Conclusiones 10.05.2016. Garantías de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE para la extradición a un tercer país de un ciudadano de la UE. 
• Conclusiones 11.05.2016. Orden de detención europea: sobre la notificación y la interpretación del inciso con suficiente antelación: concepto autónomo.
• STJUE 24.05.2016. Orden de detención europea: falta de citación o de información del proceso penal como motivo de denegación.