Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 4 de Bilbao de 20 de julio de 2011. Desestima recurso frente resolución sobre extinción de autorización de trabajo por causa de antecedentes penales, pese a medida cautelar positiva previa. Se condena en costas al administrado, en un demoledor fundamento jurídico IV –la culpa de la masificación de los juzgados la tienen los litigantes y sus letrados-. Considera que los recursos se interponen con “temeridad leve” cuantificando las costas en 6000 € en cada proceso (1/3 de 18.000 € que es la “determinación de la cuantía” que efectúa el magistrado.