STC 14/2017, de 30 de enero de 2017 (Sala Segunda). Recurso de amparo 1920-2015. Promovido por don Luís Enrique Lamadriz Torres respecto de las Sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y de un Juzgado de Castellón desestimatorias de su impugnación de la sanción de expulsión del territorio nacional impuesta por la Subdelegación del Gobierno en Castellón. Vulneración del derecho a la tutela judicial: resoluciones administrativas y judiciales que no ponderaron las circunstancias personales y familiares al acordar la expulsión de un extranjero del territorio nacional (STC 131/2016). 

El Tribunal acuerda "estimar parcialmente el recurso de amparo interpuesto por don Luis Enrique Lamadriz Torres y, en su virtud:

• 1.º Declarar que ha sido vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). 2.º Restablecerle en su derecho y, en consecuencia, anular la Sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de fecha 10 de febrero de 2015, así como la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Castellón, de 4 de octubre de 2012, dictada en el procedimiento abreviado núm. 193-2012.
• 3.º Retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior al de dictarse la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Castellón, para que dicho órgano judicial se pronuncie de forma respetuosa con el derecho fundamental vulnerado". 

Jurisprudencia citada:

• STC 131/2016. Eventual expulsión de un extranjero: ponderación circunstancias familiares y de arraigo.

Otras decisiones publicadas en el mismo BOE:

• STC 13/2017. Recurso de amparo 7301-2014. Promovido por don Ramón Mendoza Jiménez y doña Geanina Schein en relación con el Auto de un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Illescas desestimatorio de su solicitud de habeas corpus. Vulneración de los derechos a la libertad personal y a la asistencia letrada: negativa del funcionario instructor a proporcionar copia del atestado policial que hiciera posible la impugnación de la detención del solicitante.