El Defensor del Pueblo solicita informe a la Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración a fin de valorar la posible existencia de una incompatibilidad entre el artículo 4.2 del RD 240/2007 y el artículo 5.2 de la Directiva 38/2004.

Nuestro agradecimiento a la letrada del Ilustre Colegios de Abogados de Madrid, Carmen Moles Martínez.