Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, así como determinadas disposiciones contenidas en la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, y el Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal. 

• Se modifica la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, así como determinadas disposiciones contenidas en la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, y el Real Decreto-ley 5/2012, de 31 de marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal.
• El Proyecto de ley es una regulación particularmente relevante para abogados y procuradores, pues acomoda la legislación española a las exigencias del derecho europeo en lo referente al acceso y a las condiciones del ejercicio de esas profesiones, y, especialmente, a la interacción entre ambas.
• Se da respuesta integral y coherente a las objeciones que la Comisión Europea formuló respecto del modelo vigente del ejercicio de la procura en España, que llevó a que hace 4 años se abriera un procedimiento de infracción al respecto.

Las tres principales adaptaciones son:

• En primer lugar, se establece el acceso único a las profesiones de abogado y procurador. Se exigirá el mismo título académico, el grado en Derecho, y el mismo máster de capacitación. La única salvedad es que ambas profesiones no podrán ejercerse simultáneamente.
• En segundo lugar, se permiten las sociedades profesionales mixtas. De esta forma se podrán prestar en un mismo despacho profesional todos los servicios jurídicos necesarios para comparecer ante los tribunales.
• Por último, se limita a 75.000 € la cuantía total que un procurador puede devengar por un mismo asunto, frente a los 300.000 € actuales. Al mismo tiempo, se eliminan cualesquiera límites mínimos.
• En definitiva, es un conjunto de reformas que permiten conciliar la libre prestación de servicios jurídicos sin menoscabar la eficacia de la administración de justicia en España, y además lo hace en términos compatibles con las Directivas comunitarias y que supondrá el cierre el expediente de infracción abierto contra nuestro país.

El articulado se completa con tres disposiciones transitorias:

• La primera de ellas prevé la aplicación de esta Ley a quienes en el momento de entrada en vigor de la misma estuvieran ya colegiados o en condiciones de hacerlo en los Colegios de Abogados o de Procuradores, en este último caso cumpliendo los requisitos que se fijan en esta misma disposición.
• La segunda de ellas regula la situación de quienes se encuentren realizando en el momento de entrada en vigor de la Ley el curso de capacitación o pendiente de evaluación.
• La tercera y última regula los derechos arancelarios de los procuradores en los procedimientos que estuvieran tramitándose a la entrada en vigor de la Ley (BOCG. Congreso de los Diputados (Texto completo). 

Trabajos parlamentarios:

• Inicio, tramitación: finalización con la publicación de la Ley 15/2021.

Noticias relacionadas:

• Proyecto de Ley sobre el acceso a la Abogacía y Procura. © Moncloa.es (Consejo de Ministros: 29.09.2020).  
• La Ley de modificación de acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales ha quedado aprobada definitivamente. © Prensa Congreso.es.