Denuncian la violación de los derechos de las personas inmigrantes y la creciente persecución institucional a la que son sometidos en el último año.
El motivo fundamental de dicha rueda de prensa lo ha constituido la denuncia por parte de estas asociaciones de la violación creciente de los derechos humanos en las personas de los migrantes.
Chamizo ha manifestado su profunda preocupación hacia la realidad, destacando su intención de abrir una queja de oficio que investigue los hechos denunciados. Además ha hecho pública su intención de solicitar una reunión urgente con el delegado del gobierno para exigirle su intervención.
La denuncia parte de los testimonios recogidos por las asociaciones sobre lo que está ocurriendo cada vez con más frecuencia desde hace algo más de un año con los controles de identidad, la persecución y en muchos casos la detención de los que la Policía, por su aspecto físico o perfil racial y basándose en su intuición, sexto sentido y experiencia[1], presume que son ilegales, especialmente los top mantas – vendedores ambulantes, incluyendo además el desmantelamiento de los campamentos gitanos-rumanos. Se trata de una práctica ilegal porque, de acuerdo con la ley vigente, la policía sólo puede establecer controles de identidad en casos de indicios de comisión delictiva[2].