Las comunidades discrepan del reparto obligatorio de menores migrantes pactado entre el Gobierno y Canarias. Las regiones se oponen a la unilateralidad, la obligatoriedad y la financiación de la propuesta con la que se quiere cambiar ley para una reubicación inicial de 2.500 niños que migran solos. María Martín (Madrid) © El País.com.