Se remite a las Cortes Generales Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.

• Tiene como objetivos aumentar la seguridad jurídica y adaptar la normativa a la evolución tecnológica.
• Regula la potestad de los herederos sobre la información de personas fallecidas.
• Se aplicará a partir del próximo 25 de mayo de 2018.

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos que adaptará la legislación española a las disposiciones de un Reglamento comunitario de 2016, introduciendo novedades y mejoras en la regulación de este derecho fundamental en nuestro país.
Este Reglamento Europeo, que se aplicará a partir del próximo 25 de mayo de 2018, recoge como uno de sus principales objetivos acabar con la fragmentación existente en las distintas normativas de los países comunitarios. Además, persigue la adaptación de las normas de protección de datos a la rápida evolución tecnológica y los fenómenos derivados del desarrollo de la sociedad de la información y la globalización.
En el caso de España, donde la protección de datos es un derecho fundamental protegido por el artículo 18.4 de la Constitución, se recogen novedades, tanto en el régimen de consentimiento como en los tratamientos y en la introducción de nuevas figuras y procedimientos.
Menores y personas fallecidas
Adelanta a los trece años la edad de consentimiento para el tratamiento de datos en consonancia con la normativa de otros países de nuestro entorno. Además, se tomará en cuenta el tratamiento de los datos correspondientes a personas fallecidas en base a la solicitud de sus herederos, se excluye la figura del consentimiento tácito que se sustituye por una acción afirmativa y expresa por parte del afectado y se recoge manifiestamente el deber de confidencialidad. En caso de una inexactitud en los datos personales obtenidos de forma directa, se excluye la imputabilidad del responsable de su tratamiento si éste ha adoptado todas las medidas razonables para su rectificación o supresión.
En las cuestiones relacionadas con el tratamiento de datos, incorpora el principio de transparencia en cuanto al derecho de los afectados a ser informados sobre dicho tratamiento y contempla de forma expresa los derechos de acceso, rectificación, supresión, derecho a la limitación del tratamiento, así como a la portabilidad y oposición.
Situaciones discriminatorias
Para evitar situaciones discriminatorias, se mantiene la prohibición de almacenar datos de especial protección, como ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, origen racial o étnico y creencias. En estas categorías, el solo consentimiento del interesado no basta para dar viabilidad al tratamiento.
Asimismo, introduce algunos supuestos en los que el legislador contempla como presunción la prevalencia del interés legítimo del responsable del tratamiento de los datos en cumplimiento de determinados requisitos, como en el caso de los sistemas de información crediticia. Igualmente, regula situaciones en las que se aprecia la existencia de interés público, como los relacionados con la videovigilancia y sistemas de exclusión publicitaria ("listas Robinson"), la función estadística pública y las denuncias internas en el sector privado.
Otras novedades
Entre las novedades, destaca la potenciación de la figura del delegado de protección de datos, persona física o jurídica cuya designación ha de ser comunicada a la autoridad competente, que mantendrá relación con la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Por su parte, esta Agencia se configura como autoridad administrativa independiente cuyas relaciones con el Gobierno se realizan a través del Ministerio de Justicia. Se establece la necesaria cooperación y coordinación con las correspondientes autoridades autonómicas de protección de datos.
En relación con el procedimiento, promueve la existencia de mecanismos de autorregulación, tanto en el sector público, como en el privado, e introduce la obligación de bloqueo que garantiza que los datos queden a disposición de un tribunal, el Ministerio Fiscal u otras autoridades competentes, como la AEPD, para la exigencia de posibles responsabilidades derivadas de su tratamiento, evitando así que se puedan borrar para encubrir el incumplimiento.
En el caso de España, la adaptación de nuestra legislación al Reglamento General de Protección de Datos hace necesaria la elaboración de una nueva Ley Orgánica en sustitución de la actual, cuyas normas y desarrollo deberán ser revisadas y adaptadas para evitar contradicciones. Igualmente, la Agencia Española de Protección de Datos deberá desarrollar cuestiones concretas que el Reglamento comunitario remite a las autoridades nacionales de control y tendrá que revisar sus tratamientos de datos personales para adaptarlos a esas exigencias.
Flujos transfronterizos
Este Reglamento atiende a nuevas circunstancias provocadas, fundamentalmente, por el aumento de los flujos transfronterizos de los datos personales como consecuencia de la actividad del mercado interior, teniendo en cuenta que la rápida evolución tecnológica y la globalización han provocado que esos datos sean un recurso fundamental para la Sociedad de la Información.
Ante esta situación, han aumentado los riesgos inherentes a que las informaciones sobre los individuos se hayan multiplicado de forma exponencial siendo más accesibles y más fáciles de procesar, al tiempo que se ha hecho más difícil el control de su uso y destino.

Fuente: © Moncloa.es. (Consejo de Ministros 10.11.2017).  

Noticia relacionada:

• Informe sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. (Consejo de Ministros 23.06.2017).

Normativa remitida al Congreso de los Diputados:

• Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (BOCG, 24.11.2017). 

Otros acuerdos adoptados en el mismo Consejo de Ministros: 10.11.2017:

• Autorizada la participación de España en el lanzamiento de la cooperación estructurada permanente de la Unión Europea.
• Autorizada la firma del protocolo del acuerdo con Albania sobre readmisión de residentes ilegales. 
• Acuerdo con Uzbekistán sobre transporte internacional por carretera. 
• Acuerdo para obligarse por el Canje de Notas por el que se modifica el Acuerdo entre España y Serbia sobre el reconocimiento recíproco y canje de los permisos de conducción nacionales. 
• Acuerdo de remisión a las CG  Acuerdo entre España y Guyana sobre supresión recíproca de visados para titulares de pasaportes diplomáticos.
• RD 982/2017. Nombra Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a don Francisco Martín Bernabé Pérez.
• Solicitada a Argentina la extradición de Carlos Fernández Gámez, prófugo de la "operación malaya" .
• Acuerdo por el que se fija el módulo para la distribución del crédito que figura en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, destinado a subvencionar los gastos de funcionamiento de los juzgados de paz.

Acuerdos adoptados en otras sesiones anteriores del Consejo de Ministros:

• Aplicación del fondo de contingencia para el pago de costas judiciales y de autos del TS (03/11/2017).
• Acuerdo por el que se aprueba la Declaración del Gobierno con motivo del Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos (20/10/2017).
• Acuerdo de no continuación del procedimiento de extradición de Eerdogan Akhanli (13/10/2017).
• Declaración del Gobierno con motivo de los Días Mundial y Europeo contra la pena de muerte (06/10/2017).
• Acuerdo de no continuación del procedimiento de extradición de Eerdogan Akhanli.
• Acordada la no continuación del procedimiento de extradición de Hamza Yalçin (29/09/2017).
• Ministerio de Justicia: aprobada una inversión para mejorar la atención digital al ciudadano y sus herramientas de gestión (15/09/2017).
• Más de cien millones para los contratos predoctorales para la formación de doctores (01/09/2017).