La Comisión Europea da primacía a la ciudadanía en las políticas de justicia y asuntos sociales.

La Vicepresidenta de la Comisión Europea, Viviane Reding, Comisaria de la UE responsable de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía, hará un llamamiento en los próximos días a los Estados miembros para que den primacía a los ciudadanos en las políticas de Justicia y Asuntos Sociales. Por primera vez, la Vicepresidenta Reding presentará el Informe sobre la Ciudadanía de la UE a los Ministros de Justicia en una reunión que se celebrará el 3 de diciembre y a los Ministros de Asuntos Sociales el 6 de diciembre. Como Presidente de la Comisión, José Manuel Barroso declaró en sus directrices políticas de septiembre de 2009, que la UE desea «una Europa que dé primacía a los ciudadanos». Esta visión se refleja en el Tratado de Lisboa, en el que los ciudadanos constituyen el objetivo principal de las políticas de la UE. La UE está tomando medidas concretas para que a 12 millones de sus ciudadanos les resulte más fácil vivir fuera de sus países de origen. La Comisión, que adoptó el Informe sobre la ciudadanía el 27 de octubre, propuso medidas para hacerle a la gente la vida más fácil cuando ejerzan sus derechos de ciudadanos de la UE a la hora de contraer matrimonio, comprar una casa o matricular un automóvil en otro país de la UE (véanse IP/10/1390 y MEMO/10/525).
«El primer Informe sobre la ciudadanía de la UE jamás publicado da primacía al ciudadano en las políticas de la UE» ha declarado la Vicepresidenta Reding, Comisaria de la UE responsable de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía. «Hemos estudiado los obstáculos que se encuentran los europeos en la vida cotidiana al vivir, trabajar y viajar en otros países de la UE y hemos propuesto soluciones prácticas para resolverlos. Estoy deseando colaborar estrechamente con los gobiernos nacionales para llevar a la práctica estas soluciones».
Este primer Informe sobre la ciudadanía de la UE analiza los problemas cotidianos a los que se enfrentan los ciudadanos a la hora de ejercer sus derechos europeos y desarrollar parte de sus vidas más allá de las fronteras nacionales, esto es, cuando viajan, estudian, trabajan, contraen matrimonio o compran una casa o un automóvil en otro país de la UE. El informe contiene 25 medidas que la Comisión se propone adoptar en el transcurso de los próximos tres años a fin de facilitar la vida a los ciudadanos europeos:

• Turistas/Expatriados: la Comisión actualizará las normas que regulan la protección de los turistas frente a situaciones como la quiebra de su proveedor de servicios de viaje durante sus vacaciones (IP/09/1824). Propondrá asimismo nuevas formas de reforzar los derechos de los pasajeros en todos los modos de transporte y de garantizar el respeto de los derechos de los pasajeros aéreos (por ejemplo, en caso de retrasos prolongados o de cancelaciones). Además, la Comisión reforzará el derecho a la protección consular de los ciudadanos de la UE cuyo Estado miembro de origen no esté representado en un tercer país, mediante el perfeccionamiento del marco jurídico y una mayor toma de conciencia tanto de los ciudadanos como de los funcionarios consulares.
• Consumidores: la Comisión ayudará a los ciudadanos a obtener resarcimiento si experimentan problemas en una operación comercial, facilitando una resolución extrajudicial de litigios transfronterizos rápida y poco onerosa mediante el fomento de la mediación y de mecanismos alternativos de resolución de litigios.
• Parejas: la Comisión propondrá medidas legislativas destinadas a facilitar a las parejas «internacionales» la determinación de los tribunales competentes y de la legislación aplicable por lo que respecta a la vivienda o las cuentas bancarias cuya propiedad comparten.
• Trabajadores: la Comisión está desarrollando un nuevo sistema de intercambio electrónico de datos entre Administraciones nacionales, con vistas a simplificar y acelerar la transferencia de los derechos de Seguridad Social de quienes trabajan en otro país de la UE. 
• Propietarios de automóviles: la Comisión presentará propuestas legislativas dirigidas a simplificar los trámites y las formalidades de matriculación de automóviles adquiridos en otro país de la UE y regulará aquellos casos en los que se exige a los ciudadanos abonar el impuesto de matriculación por duplicado.

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