La fragata Reina Sofía.

Los acuerdos y decisiones de la UE sobre la acogida de refugiados no están siendo fáciles. La política común de asilo choca con los criterios de varios países, además de la dificultad de coordinar la vigilancia y actuación en fronteras porque los Estados son muy celosos de sus competencias en estas últimas. Sin embargo la política de seguridad y defensa, y en concreto las operaciones militares de la UE en el Mediterráneo para luchar contra las redes de tráfico de personas y tratar de evitar la emigración ilegal, se desarrolla con resultados, hasta ahora, aceptables.
La fragata española “Reina Sofía”, que participa en estas operaciones, realiza, además, una labor humanitaria que merece ser destacada y apreciada: en su última intervención frente a las costas de Libia ha rescatado a 1.048 personas, 914 hombres, 122 mujeres y 12 niños.
España, desde julio de 2015, fecha en la que el Congreso de los Diputados autorizó su participación en la misión EUNAVFOR MED SOPHIA ha rescatado a 3.343 personas.
La institución Defensor del Pueblo aplaude la labor humanitaria realizada por la fragata española y mantiene la importancia y conveniencia de una política común para, además de luchar contra las mafias que trafican con personas que huyen de la guerra hacia Europa, actuar con criterios comunes para la acogida de demandantes de asilo y protección.

Fuente: Defensor del Pueblo.es.

Últimas resoluciones formuladas por el Defensor del Pueblo en el estudio sobre “Asilo en España": 

• Recomendación formulada a la Secretaría General de Inmigración y Emigración (Ministerio de Empleo y Seguridad Social) y a la Subsecretaría del Interior (Ministerio del Interior), sobre recepción y traslado a solicitantes de asilo en el marco del Reglamento de Dublín. 
• Recomendación formulada a la Subsecretaría del Interior (Ministerio del Interior), sobre agilización del traslado a España de solicitantes de protección internacional y refugiados de los programas de reubicación y reasentamiento.
• Recomendación formulada a la Subsecretaría del Interior (Ministerio del Interior), para recoger el criterio del ACNUR en las resoluciones denegatorias de protección internacional.