Aceptada una sugerencia para evitar que la cónyuge de un ciudadano español perdiera su residencia legal. 

Hubo lentitud en los trámites de inscripción de su matrimonio en el Registro Civil Central, de la que los esposos no son responsables.
La Delegación de Gobierno de Castilla y León ha aceptado una sugerencia del Defensor del Pueblo, para revocar una denegación de autorización de residencia por reagrupación familiar y conceder la renovación solicitada en tanto se inscribe el matrimonio en el Registro Civil Central.

La Institución se dirigió a esta Delegación al recibir la queja de una ciudadana ecuatoriana, que llegó a España de forma regular hace dos años con un visado de reagrupación familiar promovido por su marido y nacional del mismo país. Poco después el esposo adquirió la nacionalidad española por residencia, con lo que cuando la interesada pretendió renovar su autorización, le fue denegada dado que la residencia del esposo, de la que dependía, quedó sin efecto al convertirse en español. Esta ciudadana quedó en una situación atípica, como consecuencia de las disfunciones y graves demoras que existen para cumplir con los trámites registrales.
El Defensor del Pueblo hizo constar en su escrito que la Administración no puede desconocer que ya consideró válido el matrimonio contraído en su día, cuando el marido de la ciudadana era de nacionalidad ecuatoriana y concedió el correspondiente visado. En consecuencia “no parece razonable que no existiendo dato alguno que proyecte dudas sobre su matrimonio anteriormente reconocido por la Administración General del
Estado, no se le atribuya valor al reconocimiento de la condición de familiar de ciudadano residente legal en España que en su día se realizó”. Por otra parte, la solicitud de inscripción del certificado de matrimonio con un ciudadano español se debe a las demoras en el Registro Civil Central, retrasos de las que estas personas no son en absoluto responsables. La Institución solicitó que se facilitara “una solución práctica para paliar este problema”, dando cumplimiento a la citada sugerencia.

La Delegación de Gobierno en la Comunidad Autónoma de Castilla y León aceptó esta sugerencia, y concedió a la interesada la renovación de su residencia por reagrupación familiar, hasta tanto se normalice su situación y pueda acceder a la tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión Europea.