Los Registros ahorran trámites y costes a los ciudadanos.

• La institución registral contribuye en la lucha contra el fraude y la supresión de trámites burocráticos.
• Los registradores consideran inadmisible la difusión de cifras y datos no contrastados, que confunden al ciudadano y crean una falsa alarma social.

El Colegio de Registradores considera que tiene el conocimiento jurídico, la capacidad tecnológica y el capital humano necesarios para asumir cuantas tareas le sean encomendadas relativas a los Registros de carácter jurídico.
La calificación e independencia de los registradores suponen una garantía para los ciudadanos.
La Ley 20/2011 de 21 de julio estableció que la gestión del Registro Civil no debía corresponder a los jueces y magistrados, por no tener contenido jurisdiccional. Esta Ley, aprobada por el anterior Gobierno, entrará en vigor en julio de 2014. La Ley prevé un Registro completamente electrónico que beneficiará de forma sustancial al ciudadano mediante la reducción del fraude y la eliminación de trámites burocráticos.
En relación a las críticas de algunos sectores de la sociedad sobre la llevanza del Registro Civil por parte de los registradores, el Colegio de Registradores manifiesta su sorpresa por las cifras absolutamente falsas que se manejan en relación a los costes de trámites, ya que estos no están recogidos en el borrador de anteproyecto, y considera que la difusión de datos y cifras no contrastados, no tienen ningún fundamento y sólo contribuyen a confundir a la opinión pública.
Según el borrador del anteproyecto, todos los actos inscribibles en el Registro Civil que en la actualidad son gratuitos para el ciudadano lo seguirán siendo.
Respecto a las acusaciones de privatización del Registro Civil, en el caso de que se encomendase su llevanza a los registradores, el Colegio reitera que, según recoge la Ley Hipotecaria, los registradores son funcionarios públicos dependientes del Ministerio de Justicia. 
Fuente: © Registradores de España (Notas de prensa).

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