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Una tarjeta electrónica facilitará a los trabajadores cualificados ejercer su profesión en un país de la UE distinto del suyo.
Una tarjeta electrónica facilitará a los trabajadores cualificados ejercer su profesión en un país de la UE distinto del suyo. © Comisión Europea.
Uno de los retos a los que se enfrenta la UE, y que va a ser cada vez más importante, es la demanda de trabajadores bien preparados y dispuestos a trasladarse allá donde esté el trabajo. Eso será posible solamente si las titulaciones se reconocen por igual en toda la UE de una forma sencilla, rápida y fiable. La Comisión Europea va a resolver ese problema mediante una tarjeta profesional electrónica, que permitirá un reconocimiento más fácil y rápido de las cualificaciones.
Con la tarjeta electrónica los profesionales acudirán a una ventanilla única en lugar de peregrinar de un organismo público a otro para conseguir que se reconozca su titulación en otro país. De esta manera, se simplificarán los trámites y se podrá resolver mucho papeleo a través de Internet.
Además, los Estados miembros deberán revisar el alcance de sus profesiones reguladas y abordar otras cuestiones que surgen con la movilidad, como las competencias lingüísticas o la falta de alertas eficaces en materia de negligencia profesional, sobre todo, en el sector sanitario.
Menos tiempo, menos papeleo, mayor eficacia
Se trata de modernizar la directiva de 2005 para que la UE se convierta en un verdadero y efectivo mercado único de trabajo que permita a los profesionales establecerse donde verdaderamente sean más necesarios. Se prevé que la demanda de personal altamente cualificado aumente en más de 16 millones de empleos en la Unión Europea de aquí a 2020. Es fundamental establecer ahora las bases.
La tarjeta profesional europea es la principal herramienta
Es, en esencia, un certificado electrónico que se intercambiarán las autoridades a través del Sistema de Información del Mercado Interior (IMI) para abaratar costes y gestiones. El sistema permitirá que los profesionales se pongan en contacto con las autoridades competentes de su país y éstas, por medio del IMI, contactarán con el Estado de acogida. Los profesionales podrán obtener el reconocimiento de sus títulos en seis semanas en lugar de las 12 actuales, si el reconocimiento es automático, y de diez en lugar de 12, en otros casos. No solo se acortan los plazos, también los costes. Una vez obtenida la tarjeta se podrá utilizar durante dos años sin más requisitos administrativos. La mayoría de los documentos se podrán presentar en el idioma original.
La tarjeta se irá introduciendo a medida que las diferentes profesiones la demanden (por ejemplo, las enfermeras y los guías de montaña han expresado un gran interés por el uso de este tipo de tarjetas).
La reforma incluye la modernización de los requisitos mínimos de formación comunes en la UE
La propuesta introduce algunos cambios en los requisitos para las profesiones que se benefician de un reconocimiento automático.
Para los médicos, la propuesta aclara que la educación médica básica debe ser de 5.500 horas de formación, que se pueden cursar en un mínimo de cinco años. Introduce la posibilidad de que los Estados miembros concedan exenciones parciales a los médicos especialistas dispuestos a seguir un segundo ciclo.
Para las enfermeras y las parteras, el plazo de tiempo de educación general debe ser de 10 a 12 años yno obliga a los Estados miembros a introducir la formación universitaria.
Los Estados miembros tienen unas obligaciones que cumplir respecto a sus titulados en el campo de la salud. Deberán informar a las autoridades competentes de los demás países acerca de un profesional al que se le haya prohibido, aunque sea temporalmente, el ejercicio de la actividad profesional. Se refiere a médicos, enfermeras, matronas, dentistas, farmacéuticos y veterinarios. Para otros profesionales hay otros mecanismos complementarios.
Para los arquitectos, la propuesta establece una capacitación de 6 años, consistentes en una formación universitaria de un mínimo de cuatro años, seguida de unas prácticas de un mínimo de dos años o cinco años de universidad más un año de prácticas.
En el caso de los idiomas, sólo se revisarán los conocimientos del profesional después de reconocida su cualificación profesional. En el caso de profesiones en las que sea importante el idioma para la seguridad de las personas, como las relacionadas con la salud, el examen del idioma lo podrá realizar el sistema nacional de salud o las organizaciones de pacientes, sobre todo en el caso de profesionales por cuenta propia
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